El pasado 14 de enero de 2020, el Banco Mundial informó sobre la undécima versión del estudio Mujer, Empresa y Derecho. Este mide las economías de 190 países respecto a la forma en que sus leyes y regulaciones influyen para avanzar en las oportunidades laborales de las mujeres. El valor promedio fue de 75.2 sobre 100 puntos. Chile alcanza un puntaje superior al promedio, con unos 77.5 puntos, pero por debajo al de América Latina, que tiene un promedio de 79,2 puntos.

Sin duda hemos avanzado, pero aun no es suficiente. Requerimos de la colaboración urgente de la sociedad civil, las organizaciones internacionales, las empresas y por supuesto del Estado, para aumentar la participación laboral femenina que hoy en Chile alcanza solo al 49% de las mujeres en edad de trabajar remuneradamente. El resto de ellas declaran, en un 39%, que no pueden trabajar porque están a cargo del cuidado de los hijos, de personas enfermas o de un adulto mayor dependiente y por supuesto, de las labores del hogar. Ellas trabajan y mucho, pero no obtienen ninguna remuneración por ello.

En este aspecto de nuestra cultura, Chile no ha cambiado. Existen múltiples declaraciones de buenas intenciones, pero no se traducen en un cambio en el comportamiento en las organizaciones ni al interior de las familias.

La voluntad de impulsar el cambio, está desde el comienzo del Gobierno del Presidente Piñera, en su programa de Gobierno, en las distintas iniciativas de ley y en las políticas públicas que se han implementado durante su período. La emblemática reforma al artículo 203 del Código del Trabajo presentada en agosto de 2019, más conocida como la Ley de Sala Cuna Universal, es el mejor ejemplo. Este proyecto, si llega a convertirse en ley, otorgaría el derecho a sala cuna a todas las trabajadoras, dependientes e independientes, pero aun no es prioridad del Congreso.

En la actualidad tienen derecho a sala cuna sólo las trabajadoras dependientes en organizaciones donde hay más de 20 mujeres, lo que constituye la barrera más importante de las mujeres para el ingreso al mercado laboral remunerado. Un estudio de la Consultora McKinsey señala que Chile aumentaría en un 20% su ingreso per cápita, si hombres y mujeres ingresaran al trabajo remunerado con las mismas condiciones y en el mismo número.

Por su parte, PRODEMU aporta y se compromete con la ejecución de políticas públicas de género, poniendo a disposición de las mujeres de todo Chile, un Plan de Empoderamiento que se ejecuta a través de Rutas de Aprendizaje para que ellas puedan alcanzar una autonomía integral. Este plan aborda el liderazgo social, desarrollo personal, emprendimiento rural y urbano, capacitación para el trabajo dependiente, desarrollo de habilidades parentales y corresponsabilidad en las familias, desarrollo de habilidades artísticas y culturales, y asesoramiento a organizaciones sociales compuestas por mujeres.

Un aspecto clave para el empoderamiento de las mujeres es la información de sus derechos, ya que el desconocimiento nos lleva a sufrir muchos abusos y discriminaciones en distintos aspectos de nuestra vida. Así, recorrimos todos los rincones de Chile dando a conocer y relevando los derechos que tenemos las mujeres. Acorde a lo que estamos viviendo como país y ad portas de un plebiscito para discutir si queremos o no una nueva Constitución, invitamos a todas las lectoras a participar de las Jornadas de Educación Cívica que realizaremos durante marzo y parte de abril en todo el país.

A estas alturas, se trata de un imperativo ético discutir estos temas. Es por eso que llamamos a todos y todas a sensibilizarnos y ver la urgencia de avanzar y priorizar los temas de las mujeres en todas las modificaciones legales que se encuentran actualmente en trámite legislativo, porque sólo eliminando estas barreras de género llegaremos a ser un país más justo.

Esta columna fue publicada el lunes 2 de marzo en Cooperativa.