La semana pasada el Ministro de Justicia y DDHH ingresó al Congreso una propuesta de ley para conceder un indulto general conmutativo a personas condenadas y privadas de libertad en las cárceles de Chile, para que puedan terminar sus condenas bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La iniciativa que se enmarca en la emergencia sanitaria a raíz del Covid-19 busca salvaguardar la vida y la integridad sanitaria de las personas privadas de libertad de grupos en riesgo como adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes.

Uno de los grupos objetivo de PRODEMU han sido trabajar con mujeres privadas de libertad en las cárceles en todo Chile y que ha consistido en impartir talleres de cultura, arte, habilidades parentales y empoderamiento para su reinserción social y laboral, talleres que incorporan la perspectiva de género, en especial, el derecho de las mujeres a ser madres y a cuidar a sus hijos e hijas en un ambiente sano. Las mujeres privadas de libertad total embarazadas y que sus hijos e hijas nacen en las cárceles pueden vivir con ellos en el recinto penitenciario, en un lugar habilitado para ello, hasta que cumplan dos años de edad.

Si existe temor ante el contagio entre los y las chilenas, imaginemos a aquellas madres que están en las cárceles y que sienten que sus hijos corren peligro de enfermarse pues se encuentran sin el aislamiento que se requiere para prevenir el riesgo. El sacerdote jesuita y capellán de Gendarmería, Luis Roblero, con el cual trabajo y admiro, señaló en una entrevista este fin de semana, que si el virus ingresa a las cárceles será como ”una bomba”, atendido a las condiciones de salubridad y hacinamiento.

Quiero hacer presente que la situación delictiva de las mujeres es muy distinta a la de los hombres. Cerca de un 90% de ellas son madres y apenas representan el 10% del total de la población penal en el país. En un 45% están asociadas a delitos de microtráfico de drogas y un 21% a delitos de robos, de lo que se concluye que casi dos tercios de los delitos que ellas cometen tienen que ver con una dimensión económica y de falta de oportunidades, las que también son consecuencia de las muchas desigualdades que vivimos las mujeres, muy en especial, aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social, que las conduce a infringir la ley.

Quienes trabajamos de la mano con Gendarmería observamos diariamente que detrás de una mujer privada de libertad hay otra o muchas mujeres que están criando a los hijos e hijas de las reclusas, visitándolas y llevándoles lo que

necesitan. Mientras más larga es la condena, ellas van perdiendo su pareja, sus hijos las olvidan, pierden sus pocas pertenencias, pierden su dignidad.

Los tiempos que corren son una gran oportunidad para mirar lo que ocurre en las cárceles de hombres y mujeres, para dar urgencia a la mejora de las políticas carcelarias y sin duda, a escuchar el llamado desesperado de muchas instituciones que trabajan al interior de las cárceles, el mio propio, a la aprobación urgente del proyecto de ley ingresado por el Gobierno para enfrentar de manera humanitaria la crisis sanitaria que estamos viviendo.